"Nadie podrá quedarse con la casa de nadie por menos del 60% de su valor". Palabra de Alfredo Pérez Rubalcaba, que tras la reunión del Consejo de Ministros ha detallado la medida pactada en la tercera jornada del Debate sobre el Estado de la Nación por el Gobierno y PP y CiU que quedaba por definir.

En acuerdo con la oposición, el Gobierno sube del 50% al 60% el valor mínimo de una vivienda que se subaste tras un proceso de ejecución hipotecario. La legislación que regula las hipotecas afirma que un banco puede adjudicarse con un inmueble por el 50% de su valor (o el 50% del valor del crédito, según se acuerde), si nadie concurre a la subasta pública del bien.

De todas las medidas pactadas en el Parlamento, era sin duda la más temida por las instituciones financieras y los lobbies que las representan. Para los ciudadanos embargados, elevar el precio mínimo significa que aminorarán las deudas que arrastren con el banco una vez se hayan quedado sin la vivienda.

Además, se elimina la posibilidad actual de que en determinados casos el acreedor pudiera adjudicarse el bien incluso por debajo de esos límites.

Más pujadores en las subastas

Otra de las medidas que ha aclarado el Gobierno es su intención de aumentar el número de posibles concurrentes a las subastas de viviendas embargadas. En este sentido, Rubalcaba ha anunciado que rebaja del 30% al 20% del valor del inmueble el depósito necesario para acudir a dichas subastas judiciales.

Por otra parte, Rubalcaba ha visto necesario explicar otra de las medidas clave adoptadas ayer en torno a la cantidad del suelo que no podrá ser embargado por una entidad financiera en el caso de embargo hipotecario.

Así, ha explicado que la cuantía de los ingresos inembargables cuando, una vez ejecutada la hipoteca y vendido el bien, pasa a 961 euros en el caso de individuos o parejas sin cargas familiares. En el caso de una familia con dos miembros de su familia nuclear sin ingresos propios verá elevado el límite de inembargabilidad hasta 1.350 euros, una cantidad que alcanza los 1.500 euros para casos en los que una familia tenga además personas dependientes a su cargo.

El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se trata de "proteger a las personas que tienen problemas con sus hipotecas"