SORAYA CONSTANTE, elpais.com

Los comicios generales del próximo 19 de febrero en Ecuador incluyen una papeleta extra: una consulta popular sobre los paraísos fiscales. La iniciativa es del presidente Rafael Correa, que la vendió como “un pacto ético” a raíz de los papeles de Panama. La cuestión es que cuando el Gobierno quiso colgarse la medalla de la transparencia estalló el caso Odebrecht, que salpicó el periodo de Correa, porque desveló que los sobornos se pagaron entre 2007 y 2016, y además se revelaron los entresijos de la trama de corrupción dentro de la petrolera estatal Petroecuador, en la que están vinculados altos cargos del Gobierno que movían los sobornos a través de empresas off shore constituidas en paraísos fiscales.

El escenario político de la consulta popular claramente cambió. La campaña alrededor del sí o el no ha sido prácticamente nula, a pesar de que diez partidos políticos y 11 organizaciones sociales se inscribieron en el Consejo Nacional Electoral para hacer publicidad y cada uno recibió 48.000 dólares. César Montúfar, candidato a la Asamblea por el movimiento Concertación, cree que todo fue “un engaño” del presidente Correa para “colarse en la campaña electoral” y que ahora resulta “irónico” que el Gobierno promueva un pacto ético.

El referéndum tiene una sola pregunta: “¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?”. Para el consultor político Alfredo Negrete esto “es como escoger entre el bien y mal”, y la gente “por inercia votará que sí”. Pero al final del día todo será inútil porque para concretar la propuesta del Ejecutivo “habría que reformar la Constitución”, según Negrete, y esta tarea quedaría para la próxima Asamblea cuya composición todavía es una incógnita.