Los indígenas Ava Guaraní de la comunidad Yva Poty (departamento de Canindejú) están atravesando un terrible momento. Desalojados de sus territorios, maltratados, han sido despojados no solamente de sus pertenencias sino que además han sufrido ataques contra su escuela y centro de salud, que terminaron reducidos a cenizas bajo el fuego controlado por la policía y los empleados del terrateniente a cargo.

Los hechos ocurrieron el 20 de noviembre y vieron la luz a partir de la denuncia pública que formuló Alba Duarte, educadora y representante indígena. Aquel martes por la mañana, policías y peones a cargo del empresario brasileño Paulo Ferreira de Souza irrumpieron en la comunidad y desalojaron a 40 familias. La crónica del pueblo agrega detalles, como que viviendas, el único centro de salud, la escuela y los cultivos, fueron arrasados. Los vecinos argumentan que los propios uniformados robaron las sandías y las gallinas de los indígenas.

"Tenían puesto de salud, reconocido por el Ministerio de Salud, que fue destruido y los medicamentos tirados en el suelo. Una escuela, reconocida por el Ministerio de Educación, construida con tanto sacrificio por la comunidad, también fue destruida con todos los libros. Los pozos de aguas fueron inutilizados ya que tiraron venenos en los mismos. Las sandías y gallinas, fueron robadas por los policías. Los niños, que vieron tanta violencia, se escondieron en el monte para dar señales de vida al día siguiente. Pero, lo que más siento, es que los hermanos indígenas pidieron socorro a todas las autoridades, pero nadie atendía el teléfono", denuncia alba Duarte.

Las tierras ancestrales de los indígenas hoy cuentan con otros propietarios, los que se hicieron presentes temprano en la mañana, en la escuela, acompañados de funcionarios de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia. A partir de la exigencia de documentos que comprobara la legalidad del desalojo, comenzó la represión policial.

Revivir la historia

Duarte calificó los hechos como "graves y lamentables", instancia en que la represión estuvo acompañada de cascos azules, vehículos y hasta ambulancias. Presente en el lugar en el momento de los saqueos, la dirigente indígena cuenta que la intervención no dio tiempo a que los campesinos retiraran sus pertenencias de los hogares, perdiendo todo bajo el fuego. "Agarraron al líder Rogelio Sosa, que inclusive fue arrastrado y recién después de dos horas fue liberado. Una líder indígena de nombre Suny Cáceres, también iba a ser castigada, pero logró escapar hacia el monte. A la tardecita, después de ocurrir el hecho, se acercó un capanga enviado por el brasileño, diciendo a los indígenas para que se retirarán del lugar, ya que iba a entrar un tractor".

El caso llegó a los oídos del INDI, entidad estatal paraguaya que aborda en forma directa la situación indígena del país, que ha conformado una mesa interinstitucional para visitar a la comunidad. La visita se concretó en los últimos días de noviembre, pero los indígenas –molestos- rechazaron la intervención, aún indignados por lo sucedido y la inacción gubernamental.

"Nuevamente ocurrió como un genocidio. Mi pueblo Aché ya había pasado por esta triste historia. Es imperdonable lo que pasó. La comunidad nacional e internacional deberían pronunciarse. A mis hermanos no le mataron el cuerpo pero sí su alma, su yerovía (confianza). Un anciano, líder religioso, se resistió hasta lo último, cerca de su altar y el lugar de la danza. Pero, igual quemaron todo. Unos jóvenes tuvieron que socorrer al anciano. Muchas madres lloraban y no podían hablar", contó Duarte a las organizaciones de derechos humanos que trabajan por la integridad de los indígenas paraguayos.