 Los macrocampamentos en Grecia, jaulas en Bulgaria, prisiones flotantes en Reino Unido. El viejo continente exhibe grietas en sus politicas migratorias.
elpais.com
Un barco con aires de prisión flotante en el Reino Unido para alojar solicitantes de asilo. Macrocampamentos en Grecia donde los refugiados acaban perdiendo la cabeza en condiciones de inmundicia, cuando no son cazados por los habitantes locales. O jaulas en Bulgaria. Cambia el envoltorio, pero el fin es el mismo: frenar los movimientos migratorios. Las fórmulas para evitar que aquellos que buscan seguridad o una oportunidad de prosperar no lleguen a Europa se han recrudecido en los últimos años y se ha normalizado cada vez más la retención (o incluso detención) de personas inocentes y los malos tratos en las fronteras. Se han aprobado leyes, como la danesa, que permite a las autoridades confiscar todo el dinero y objetos de valor de los inmigrantes, con la excepción de los anillos de boda. Y es cada vez menor la conmoción ante los miles de muertes en el mar.
“Desde principios de este siglo, Europa ha desarrollado una serie de normativas que contradicen los cimientos más fundamentales de los derechos humanos, a pesar de que ha sido una región clave para su construcción desde la II Guerra Mundial”, mantiene Pablo Ceriani, miembro del Comité de la ONU para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes. La política del castigo, que no se planteó para los millones de ucranios que se han instalado en el continente, se aplica en suelo europeo, pero también en países donde la vida de un refugiado vale lo que su familia o la UE pague por ella.
En Libia, el tránsito de migrantes es un mercadeo de esclavos en pleno siglo XXI, donde se les detiene, tortura y mata con el conocimiento de las instituciones europeas que forman y financian una guardia costera que alimenta este sádico negocio. En Túnez, que se ha convertido en el principal punto de salida hacia Europa, se ha institucionalizado una batalla contra los negros. Marruecos, que pugna con éxito por más protagonismo en el reparto de dinero europeo, ha pasado a frenar las pateras a tiros, según han denunciado los supervivientes al llegar a España.
Hace ya 72 años que existe un marco legal internacional, suscrito por 145 países, que garantiza los derechos de quienes buscan refugio. Pero la movilidad humana —108,4 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares, según el Alto Comisionado de la ONU para los refugiados (Acnur)— está poniendo a prueba los valores que inspiraron esas reglas, aunque Europa esté lejos de ser el principal destino de los que piden refugio.
“En el contexto europeo, el principal reto incumplido tiene que ver con las personas que necesitan salir de sus países para buscar protección”, mantiene Ceriani. “Estas políticas no contribuyen a frenar la movilidad humana y menos aún a desincentivar la migración por vías irregulares, pero sí a un incremento dramático de muertes y desapariciones”, añade el experto.
Preguntada acerca de cuál es el nivel de preocupación de la UE hacia sus socios en terceros países donde los estándares de respeto a los derechos de los refugiados son bajos, la portavoz de Asuntos de Interior de la Comisión Europea, Anitta Hipper, responde que la cooperación con ellos “es esencial y se basa en el pleno respeto de las normas internacionales de derechos humanos y el principio de no devolución”. Para la Comisión, la receta para acabar con las muertes en el mar es luchar contra las mafias y crear vías seguras, sobre todo, enfocadas en migrantes con altas capacidades y talento.
Estas son algunas de las prácticas y políticas contra los inmigrantes y refugiados que se han normalizado en las últimas décadas, un recorrido en el que prevalece el control de las fronteras frente al respeto de derechos básicos:
Reino Unido: la obsesión política heredera del Brexit
Las palabras siempre delatan las aparentes buenas intenciones. El Gobierno conservador de Rishi Sunak insiste en que su principal objetivo al afrontar la inmigración irregular es combatir a las mafias que trafican con seres humanos desde las costas francesas a las orillas del sur de Inglaterra. Pero cuando la ministra del Interior, Suella Braverman, se refiere al fenómeno como una “invasión”, o el primer ministro Sunak insiste en llamar “ilegales” a los inmigrantes que cruzan el canal —Acnur reclama que se les llame irregulares— o habla del asunto detrás de un cartel con el eslogan Stop The Boats (Detengamos las embarcaciones), resulta claro quién es el enemigo real para el Gobierno.
El verdadero mensaje que ocultaban las proclamas del Brexit era un discurso xenófobo. Siete años después de aquel referéndum, el número de comunitarios que llega al Reino Unido es casi inexistente, pero la cifra de solicitantes de asilo en este país, procedentes del resto del mundo, es récord, con un atasco de más de 175.000 personas. El Gobierno de Sunak ha provocado las críticas y la ira de organizaciones humanitarias, de la Iglesia anglicana y hasta del rey Carlos de Inglaterra, con cada una de las propuestas, a cada cual más cruel, destinadas a frenar la llegada de personas.
La justicia europea paró las deportaciones a un tercer país, Ruanda, pero Downing Street no tira la toalla. A la espera de la luz verde del Tribunal Supremo, los vuelos podrían reanudarse este mismo año.
El Gobierno ha comenzado ya a usar el Bibby Stockholm, la prisión flotante anclada en la isla de Portland. Los primeros inmigrantes, 39, tuvieron que ser desalojados de inmediato después de que se detectara un brote de legionela en la embarcación. Pero enseguida fueron realojados, y Downing Street ha encargado ya dos nuevas instalaciones flotantes similares. La penúltima idea barajada por la ministra Braverman es usar brazaletes con GPS para controlar a los recién llegados, una medida que hasta ahora solo se usaba con orden judicial y para condenados o presos preventivos.
Y la última ha sido internar en prisiones donde hay delincuentes sexuales a los niños migrantes que están llegando por mar al país.
La clave de este incremento gradual de la severidad mostrada reside en la nueva Ley de Inmigración Ilegal, que impone al ministro del Interior la obligación de impedir a toda costa la entrada de irregulares al país. Es el modo de sugerir que vale cualquier cosa para lograr ese objetivo. Por Rafa de Miguel
Libia: mercadeo de esclavos ante los ojos de Europa
Hace cinco años, la CNN mostró al mundo cómo en Libia centenas de migrantes negros eran vendidos por unos 4.000 euros. Sus cámaras grabaron una subasta nocturna en un centro de detención y los lamentos de varios jóvenes que se abalanzaban sobre el objetivo para denunciar trabajo esclavo, torturas y encierros indefinidos sin comida ni agua. Libia sigue siendo un lugar clave en el éxodo hacia Europa y, aunque se trata de un Estado fallido, ha recibido ya casi 700 millones de euros de la UE para fortalecer su control migratorio. La Guardia Costera libia ha sido formada, equipada y financiada por distintas instituciones europeas para, en el discurso oficial, salvar la vida de aquellos que se adentran en el mar.
La realidad es que estos guardacostas armados forman parte de una siniestra cadena que evita que los refugiados lleguen a Europa devolviéndolos a tierra. Allí son encarcelados, extorsionados y maltratados una y otra vez en los más de 20 centros de detención oficiales y en un número indefinido de prisiones gestionadas por las milicias. Diversos informes de ONG, investigaciones periodísticas y autoridades europeas han dado fe de ello a lo largo de estos años.
El valor de los que pasan por Libia de camino a Europa depende de lo que sus familias puedan pagar. La periodista Sally Hayden, que radiografió la infame realidad de los cerca de 650.000 refugiados que hay en Libia, repara en cómo se los categoriza en función del precio de su nacionalidad. En su libro Mi cuarta vez, nos ahogamos: buscando refugio en la ruta migratoria más mortífera del mundo, cuenta que somalíes y eritreos, con una gran diáspora muy conectada, son los más valiosos porque logran que sus familias paguen recompensas de hasta 10.000 euros.
Mohammed Abakir Ayacab, que tenía solo 15 años cuando llegó a Trípoli desde Sudán, recuerda sus dos años en el país como los peores de su largo periplo migratorio. Tras ser interceptado en el mar intentando llegar a Italia en 2021, lo llevaron al centro de detención de Ain Zara con otras 700 personas. “Estuve tres meses allí y acabé en otra prisión con 4.000 personas más. No había apenas agua ni comida, no teníamos espacio para recostarnos y dormir, y me pegaban una y otra vez. A veces nos rompían una mano, una pierna, te golpeaban en cualquier sitio y sin motivo. Si no eras lo suficientemente fuerte, te morías”, cuenta el joven por videollamada desde Marruecos, donde sigue esperando en la indigencia su oportunidad de llegar a Europa. Por María Martín
Grecia: entre la acogida y el encierro
En Grecia hay 42 campos de refugiados y quienes solicitan asilo deben esperar allí a que se resuelva su solicitud. El Estado tarda incluso años en aceptar o denegar las peticiones y los campos almacenan ya refugiados en lugar de acogerlos. En 2020, en Moria, el campo de la isla de Lesbos, había 20.000 personas en un espacio para 3.500. Las mujeres no iban al baño por la noche, por temor a violaciones. Fruto del estrés de vivir apiñados, cada noche se sucedían peleas en las que cientos de personas resultaron heridas y una docena murió. El campamento recibía ataques de grupos ultraderechistas y las condiciones de inseguridad eran terribles, hasta que un incendio lo destruyó en septiembre de ese año.
Para evitar las protestas de la población local, el Ejecutivo del conservador Kyriakos Mitsotakis ideó un nuevo tipo de campo: los Centros Cerrados de Acceso Controlado, un modelo cuyo fin es mantener a los refugiados lejos de los vecinos griegos. A diferencia de los otros asentamientos, estos están en zonas montañosas de difícil acceso.
El primero se abrió en 2021 en la isla de Samos. En su inauguración, el primer ministro Mitsotakis afirmó: “Encontrarán un campo impecable, ni punto de comparación con lo que teníamos antes”. Pero una investigación de Miren Bardaji realizada para la Universidad del País Vasco constata que “las medidas de seguridad y vigilancia excesivas y las restricciones a la libertad se asemejan más a complejos penitenciarios”. Badji señala que su ubicación, alejado de todo núcleo habitado, es una barrera determinante.
Aunque en teoría son campamentos abiertos, su estructura carcelaria permite encerrar a los ocupantes de manera arbitraria. Una refugiada palestina resume la situación: “Todo está diseñado para decirnos que no somos bienvenidos”. Por Hibai Arbide
Túnez: Fati y Marie, víctimas del “racismo de Estado”
Túnez fue durante años un refugio para los subsaharianos. Por eso, Fati y Pato, una pareja que se conoció en un centro de detención en Libia en 2016, decidieron buscar una vida mejor en Túnez. Habían sido padres en penosas condiciones y los guardacostas libios les habían interceptado cuatro veces en su camino a Europa. “Queríamos irnos para intentar inscribir en una escuela a la niña”, cuenta Pato, camerunés de 29 años cuyo nombre real es Mbengue Nyimbilo Crepin.
Pero el pasado mes de julio, cuando cruzaron la frontera tunecina, el país que un día fue la esperanza democrática árabe ya había cambiado. En febrero, el presidente Kais Said dio un discurso violentamente racista en el que alertaba de “un plan criminal” para reemplazar su población árabe y musulmana por “hordas” de migrantes negros. Los días siguientes se desató una ola de violencia xenófoba contra los subsaharianos.
Ya en territorio tunecino, en la ciudad sureña de Zarzis, la policía interceptó a la familia. “Nos golpearon, nos cachearon… Destruyeron los teléfonos y nuestros documentos de identidad y nos dejaron en el desierto”, recuerda Pato. Junto a ellos, más de 1.000 personas fueron deportadas a la franja de desierto fronteriza entre Túnez y Libia . Tras cuatro días sin agua ni comida, Pato se desplomó exangüe, e imploró entre lágrimas a su compañera que lo abandonara allí y que intentara salvar a la pequeña Marie.
Horas después, tres migrantes sudaneses lo encontraron y le ayudaron a cruzar a Libia. Fue allí donde vio las imágenes que circulaban en redes sociales de los cadáveres de una mujer y una niña abrazadas en la arena, unas fotos que se convirtieron en el símbolo de las nuevas políticas de Túnez contra los refugiados. Eran Fati y Marie. “Hubiera preferido morir con ellas …”, lamenta Pato. “Cada día, cuando me despierto, las busco a mi lado. Pero ya no están”.
Cuando se sucedía este drama, Túnez y la UE ya trabajaban en un acuerdo de colaboración para el control de los flujos migratorios. Bruselas aportará 105 millones de euros destinados en exclusiva a programas de control de fronteras, registros y devoluciones, además de otros 150 millones en ayuda directa al presupuesto. Por Ricard González
Bulgaria: jaulas y disparos
Ladrillo, rejas oxidadas y tablones de madera como paredes. Tierra y basura en el suelo. Así son las jaulas donde Bulgaria encierra a solicitantes de asilo capturados en su frontera con Turquía. Un vídeo difundido en el marco de una investigación de la organización Lighthouse Reports desveló en 2022 cómo el país europeo empleaba estas infraestructuras. Además, se registraron prácticas de encierro similares en Hungría y en Croacia. Ocho meses después de este hallazgo, Bulgaria ha dejado de usarlas, pero de los otros dos países no hay noticias.
La jaula se hallaba junto a la comisaría de policía de Sredets, a 40 kilómetros del límite con Turquía. Allí, distintos grupos de personas fueron encerrados en periodos que iban desde unas pocas horas hasta los tres días. Después, les conducían en furgoneta hasta la frontera turca y los expulsaban ilegalmente. Los prisioneros aseguraron que no les daban comida ni agua, y que la policía confiscaba sus objetos personales, incluidos los zapatos.
También fueron hallados vehículos con el logo de Frontex, la agencia de fronteras de la Unión Europea, aparcados a pocos metros de estas jaulas, que dispone de al menos 10 oficinas en las inmediaciones de Sredets, como parte de la Operación Terra, destinada a luchar contra el tráfico de seres humanos.
La misma investigación publicó un vídeo en el que se distingue cómo recibe un disparo Abdullah Mohammed, que se encontraba en el lado turco de la frontera. El joven sirio, de 19 años, aseguró que los tiros provenían de la policía búlgara. “La forma en que me apuntaba era muy directa, con una intención evidente. Disparó a matar”, declaró el chico. Tanto el Ministerio del Interior como la Fiscalía General negaron los hechos.
Human Rights Watch ha denunciado repetidamente que los agentes búlgaros golpean, roban, desnudan y azuzan perros para atacar a los migrantes antes de expulsarlos a Turquía. Por Lola Hierro
España, pionera en colaborar con abusadores
España no se encuentra entre los países europeos que más denuncias recibe por el trato a la población migrante. Pero tiene mucho de lo que avergonzarse. Muestra de ello son las discutidas devoluciones en caliente efectuadas sin ningún tipo de regulación ni fiscalización, las afiladas concertinas colocadas en lo alto de las vallas de Ceuta y Melilla, —y las vallas en sí mismas—, los disparos de la Guardia Civil en la playa ceutí de El Tarajal, donde se ahogaron 14 personas o la avalancha de Melilla, que dejó otros 23 muertos.
Pero España es país pionero en colaborar con otros Estados africanos que no respetan los derechos humanos, como Marruecos o Mauritania, para limitar la llegada de indocumentados. Desde hace más de una década está consolidada la aportación de subvenciones y progresivamente las ha aumentado. Mauritania, en concreto, recibe 10 millones de euros anuales, a pesar de que ha sido señalado por Human Rights Watch por detener de forma arbitraria a migrantes y solicitantes de asilo, incluidos niños, y a menudo en condiciones miserables. También practica expulsiones sumarias o colectivas y devoluciones forzosas, en algunos casos acompañadas de violencia.
Sin embargo, desde 2019, el mayor beneficiario de las ayudas españolas es Marruecos. Ese año recibió una contribución directa de 32 millones de euros y en 2021 recibió otros 30 millones de euros más. Las detenciones extrajudiciales, las expulsiones a otros países y las redadas en las fronteras son algunas de sus prácticas habituales.
Desde el Gobierno afirman que su modelo para responder al reto de la migración desde África salva miles de vidas. “Es una política que apuesta por la imprescindible cooperación con los países de origen y tránsito, y por la lucha contra las mafias que trafican con personas, y ha demostrado su eficacia” indica una fuente del Ministerio de Interior, que recuerda que España ha reducido las llegadas irregulares y ahora es una de las rutas menos numerosas de Europa, y también que ha conseguido evitar en origen entre el 30 y el 40% de las salidas. “Esto significa entre un 30 y un 40% menos de vidas que se ponen en peligro en terribles travesías marítimas. Quien proponga una política migratoria que no tenga en cuenta a los países de origen y tránsito es que no ha entendido el fenómeno”, añade. Por Lola Hierro
Marruecos: sombras de una estrecha cooperación
Marruecos colabora en el control de la presión migratoria irregular desde el sur del Mediterráneo. A cambio, la última partida de la UE que recibirá su Gobierno asciende a 500 millones de euros. Su actuación arroja sombras sobre el respeto a los derechos de los migrantes.
Varios miles de subsaharianos viven atemorizados en los alrededores de la estación de autobuses de Casablanca y en barrios periféricos de otras ciudades. Sobre ellos pende la amenaza de la deportación a Argelia, cuyas fronteras llevan tres décadas cerradas a cal y canto, o el alejamiento forzoso en autobuses hacia provincias del interior o el sur del país. También corren el riesgo de acabar encarcelados. “Marruecos sigue deportando a muchas personas desde el norte del país”, constata Jadiya Inani, directora del área de migraciones de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH).
Inani asegura que cada vez que surgen protestas entre los habitantes de las ciudades marroquíes por la presencia masiva de migrantes irregulares en sus calles, las autoridades ordenan nuevas expulsiones hacia otras regiones. “De este modo, Marruecos intenta mostrar a los países europeos que es el gendarme que vigila sus fronteras”, advierte, “y de paso impide que los subsaharianos puedan llevar una vida estable”.
El sudanés Basir (nombre ficticio para proteger su identidad) fue expulsado al menos dos veces hacia la región de Uchda, fronteriza con Argelia. Oculto en Marruecos, aguarda desde hace seis meses a que la Embajada de España en Rabat responda a su petición de protección internacional. “Esperaré. No voy a volver a saltar la valla de Melilla ni me subiré a una patera”, prometía recientemente.
Algunos migrantes irregulares se encuentran encarcelados, según la AMDH, “en condiciones inhumanas en centros ilegales que no forman parte del sistema penitenciario marroquí”. Muchos de ellos se han dirigido hacia el sur de Marruecos y el Sáhara para intentar alcanzar las islas Canarias, una ruta mucho más peligrosa que la del Mediterráneo. Por Juan Carlos Sanz
Polonia, Lituania y Letonia: herederas de la brutalidad
“Urgente: 11 niños y 13 adultos de Siria e Irak han estado acampados al otro lado del muro durante tres días. Hoy, los servicios de Bielorrusia les amenazaron con que si no iban a Polonia serían cazados con perros. Como prueba, les mostraron a una niña congoleña que había sido mordida”. Este mensaje fue publicado el 27 de mayo en el Twitter del Grupo Granica, una ONG polaca dedicada a asistir a migrantes en la frontera de Polonia con Bielorrusia.
No es el único caso. En las redes sociales y en los informes de las principales agencias internacionales de derechos humanos abundan las historias de niños atacados por perros, de huesos rotos por palizas policiales, de familias durmiendo en el bosque, de muertos. En concreto, Granica ha contabilizado 48 fallecidos desde 2021. Otros murieron en la frontera con Letonia y Lituania, asegura Amnistía Internacional.
El movimiento de inmigrantes en las fronteras que Bielorrusia comparte con Polonia, Letonia y Lituania ha crecido desde 2021. Y desde entonces, estos tres países han emulado las peores prácticas de otros Estados europeos.
En el verano de 2021, los tres invocaron el estado de excepción para legalizar las devoluciones en caliente, un flujo in crescendo que obedecía a lo que estos países y la Unión Europea consideraron un intento del presidente bielorruso, Aleksandr Lukashenko, de utilizar a los migrantes como arma de presión política. Así, expulsan ilegalmente, y a veces con violencia, a migrantes y solicitantes de asilo a Bielorrusia, donde sufren graves abusos, como palizas y violaciones a manos de las fuerzas de seguridad.
En 2023, las entradas se han reducido por las medidas represoras. El pasado 18 de agosto, Lituania cerró dos de sus seis pasos fronterizos con Bielorrusia, medida que se suma a la legalización el pasado mayo de las devoluciones en caliente y a la creación de un cuerpo de policías voluntarios a imitación del de Hungría, otro país con un largo historial de abusos y maltratos.
Estos agentes adquirieron el apodo de “cazadores de migrantes” por su abuso de armas de fuego, gases lacrimógenos y perros adiestrados.
En abril, Letonia también hizo una reforma legislativa similar. Amnistía Internacional recopiló en un informe más de medio centenar de testimonios que describen a “comandos” de las fuerzas de seguridad camuflados con pasamontañas y armados con porras y pistolas eléctricas para propinar palizas y descargas. Por Lola Hierro.
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